NO MAS AGRAVIOS A LA COLONIA

Todo el mundo conoce la grave situación en que se encuentra nuestro municipio. A nadie se le escapa que estamos en una situación económica y administrativa de una gravedad sin precedentes. Una situación en la que la deuda municipal está afectando a cuestiones tan importantes como el sueldo de los trabajadores (que no ha sido regular en años), la prestación de servicios básicos, el pago a proveedores de lo más imprescindible como la luz etc. etc.

Y ante semejante situación que está poniendo diariamente en peligro a nuestro bienestar y nuestro futuro como pueblo la reacción de las administraciones que tienen en su mano poder reconducir la situación, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Córdoba, oscila entre la indiferencia vergonzante y el más absoluto desprecio. Pues a desprecio suena que un adelanto de 400.000 € (que tenían que servir para apagar el último fuego de los cortes de luz y para mantener a ralla el permanente de cómo pagamos a nuestros trabajadores) se quede reducido a unos miserables 70.000, que nada solucionan y que dan la sensación de ser un mendigo al que se le humilla lanzándole una moneda mientras se le dice: “¡tome, y no se lo gaste en vino!”. Y si encima quien hace eso es compañero del que te arruino, la situación además de vergonzante alcanza cotas de hipocresía inimaginables.

En Fuente Palmera vivimos en una situación de agravio comparativo constante. Baste ver, lo preocupada que está la Junta de Andalucía por otros municipios en situaciones parecidas. En el último pleno, durante el ruego y preguntas, el portavoz del grupo de IU, Manuel Ruda expuso de una forma muy clara la situación al exigirle al presidente de la diputación que haga uso de una reserva de unos cien millones de pesetas con la que este cuenta para ayudar a pueblos que en casos, como este, llegan a situaciones límite. El que el presidente cuente con esa reserva y que en un caso como el nuestro (que difícilmente puede encontrarse uno más claro de emergencia) no sólo no la utilice, sino que además niegue un anticipo tan imprescindible nos muestra hasta que punto las políticas del PSOE parecen más propias de una mafia que de un partido político moderno. Semejante agravio no es un ataque contra el gobierno actual, no es un castigo a un ex-militante díscolo, como quieren hacer ver. Sino una autentica operación de chantaje político con la cual nos mandan un mensaje muy claro a los Colonos: O pasamos por el aro o nos hacen la vida imposible.

Tiempo es ya de que dejemos de tragar con semejante chantaje. Tiempo es de que le recordemos a la Junta de Andalucía que en este pueblo obtuvo el Señor Chaves más de 4000 votos en las pasadas elecciones, y que esa gente que han confiado en él no merece ser tratada así, ya que él es también su presidente, e igual que ayuda a Marbella debe ayudar a Fuente Palmera. La manifestación que se está intentando gestionar desde el foro de fuentepalmera.com puede ser el revulsivo que haga darse cuenta a la Junta y a Diputación de que no se puede hacer política contra un pueblo porque no hayan votado a un individuo que después de 12 años de gestión presenta como balance un ayuntamiento arruinado, un pueblo sin zonas verdes ni equipamientos y con graves deficiencias en infraestructuras. Fuente Palmera no puede y no debe permitir más el agravio.
Juan Segovia

EL URBANISMO EN FUENTE PALMERA

Por Juan Ramirez*
La denuncia presentada por el Alcalde de Fuente Palmera relativa la desaparición de zonas verdes y suelo dotacional público ha puesto en evidencia algo que mucha gente ya sabia o al menos intuía. Hay muchas cuestiones que se plantean al hablar de este tema pero yo voy ha centrarme en dos de ellas que me parecen muy interesantes desde un punto de vista general. La primera es que cuando uno compra una vivienda en una unidad de ejecución esta comprando también la parte correspondiente de zonas verdes, equipamientos y calles, incluido el terreno y todas las obras necesarias para dotarlas de servicios y mobiliario urbano. Todo absolutamente todo lo que se haga en dicha urbanización así como el papeleo necesario corre a cargo del comprador de la vivienda. Es una conclusión lógica si tiene en cuenta que todos los que intervienen, propietario del terreno, promotor, constructor, empresas suministradoras de servicios y ayuntamiento perciben un beneficio, en terreno, instalaciones y/o dinero y solamente pagan los compradores de los inmuebles. ¿Que pasa entonces si se construyen en las zonas verdes y de equipamientos más viviendas? Lo primero que pasa es que los vecinos se quedan sin zonas de esparcimiento y sin equipamientos públicos, aumenta la densidad de población con los problemas de masificación, falta de aparcamientos y otros muchos perjuicios. Lo segundo es que la vivienda cuesta lo mismo y por tanto estamos recibiendo menos por el mismo dinero. Lo tercero aumentan las ganancias de todos a costa del comprador. Lo cuarto es que el Ayuntamiento que lo alienta y lo permite en vez de hacer de garante de la legalidad y salvaguarda de los derechos de los compradores se pone al lado de los vendedores, es decir, en palabras sencillas, les quita a los pobres para dárselo a los ricos. La segunda cuestión y no menos importante es que si se quitan de una unidad de ejecución las zonas verdes y equipamientos públicos y se ponen en otra los propietarios de esta última saldrán perjudicados al tener que sumar a la cesión de terrenos que le corresponda la de los terrenos “desaparecidos” en la unidad anterior, cosa que evidentemente no van a consentir si no son compensados de alguna manera, con lo cual se encarece el suelo y acaban pagando los de siempre, los compradores de las viviendas. Podemos concluir, sin entrar en cuestiones de responsabilidad jurídica, que vender zonas verdes y de equipamientos, aparte de su legalidad o no, es una estafa al comprador que se ve perjudicado en su buena fe y si el asunto lo realizan, propician y alientan los responsables políticos encargados de velar por la legalidad estos pierden toda autoridad moral y política puesto que utilizan su cargo para beneficio de algunos en perjuicio de la mayoría, cuando su deber es el de arbitrar el proceso para garantizar los derechos de todos.

* Juan Ramirez es vicesecretario del partido Olivo Independientes en la Colonia de Fuente Palmera.

FUENTE MARBELLA.

Últimamente, a raíz de la presunta venta de zonas verdes de nuestro pueblo, son numerosas las comparaciones que se hacen entre este caso y el de Marbella. Y ciertamente, las semejanzas son enormes. Tanto en un caso como en otro se trata de presuntos delitos urbanísticos por construirse casas donde legalmente no se podía. En ambos casos también destaca la presunta sensación de impunidad con la que los gobernantes de turno administraban la cosa pública; actuando como si dentro de su pueblo fuesen señores absolutos y no existiera más ley que su voluntad; y finalmente también coinciden en que los exalcaldes de un municipio y otro parecen padecer lo que podríamos llamar el síndrome del caudillo, que padecen aquellos que como Franco confunde la oposición a su persona como un ataque al pueblo, y que observamos claramente en estos dos casos cuando los denunciados acusan a los denunciantes de dañar el prestigio del pueblo atacándolos a ellos; cosa que, al parecer, no les preocupaba cuando gobernaban y presuntamente replanteaban urbanizaciones al margen de toda norma urbanística.
No obstante pese a tanta semejanza entre uno y otro, resulta paradójico el que ambos sean tratados de forma tan distinta por nuestra Junta de Andalucía y los medios que le son afines por una única diferencia entre ambos consistente en que aquellos pertenecían a un grupo político pequeño, surgido al calor de un sujeto tan pagado de si mismo que puso a su partido el mismo nombre que el tenía: GIL; mientras que estos se han parapetado siempre bajo las siglas del todo poderoso PSOE de Andalucía; y esta diferencia es sustancial ya que mientras que allí la Junta de Andalucía y el mismo PSOE se erigen en los paladines del ciudadano que luchan contra el dragón de la corrupción urbanística, mientras que aquí parece ser que hay que pedir perdón por atreverse a denunciar esas mismas cosas en la persona de un ex-alcalde socialista y actual asesor del presidente de la diputación de Córdoba; Así pues resulta lamentable que el PSOE cuando se presentan este tipo de casos utilice la doble moral de tal forma que lo que critica en Marbella como corrupción lo defiende en Fuente Palmera como gestión y encima acusa al equipo de gobierno actual de tratar de tapar una supuesta falta de gestión con la denuncia de estos hechos y contraponiendo a este modelo, el modelo de gestión socialista cuyas esencias parecen estar en la cercana población de La Carlota (Cuyo alcalde al parecer también compro zonas verdes en Fuente Palmera y lleva en su propio pueblo una doble vida de Alcalde y promotor urbanístico menos mal que es socialista, porque sino sería una doble situación harto sospechosa).
Cuando los dirigentes del PSOE de nuestra provincia defienden ese modelo de gestión municipal socialista, uno no puede evitar preguntarse si dentro del mismo también incluyen como ejemplo la labor de un gestor tan competente como Antonio Guisado que aparte de hacer desaparecer el patrimonio municipal en menos tiempo del que David Copperfield necesita para hacer lo propio con la estatua de la libertad; nos ha dejado un legado de 10 millones de euros en deudas con todo el que se ha acercado al Ayuntamiento (desde la seguridad social a proveedores de casi todo) y que fruto de su abnegada y transparente labor tenemos en los juzgados de posadas asuntos tan suculentos como el del polígono los fruteros, los premios de cobranza, la carpeta azul y ahora además la venta de zonas verdes. Si ese es el modelo de gestión que según el PSOE hay que seguir la verdad es que El Olivo en mi pueblo lo está haciendo de puta pena. Con actitudes como esta, la lucha contra la corrupción se torna imposible ya que si el principal partido político de Andalucía practica esta doble moral tan descarada que le lleva a ocultar los casos propios mientras trata de hacer ver que el problema sólo lo tienen otros, esto lleva inevitablemente a los ciudadanos a tomar como conclusión que la corrupción es algo consustancial con la política y que ya se apañarán entre ellos para taparla. Si después estos políticos se quejan de que los ciudadanos tienen una mala imagen de ellos, que piensen que quizás han hecho algo para ganársela.