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EL URBANISMO EN FUENTE PALMERA

Por Juan Ramirez*
La denuncia presentada por el Alcalde de Fuente Palmera relativa la desaparición de zonas verdes y suelo dotacional público ha puesto en evidencia algo que mucha gente ya sabia o al menos intuía. Hay muchas cuestiones que se plantean al hablar de este tema pero yo voy ha centrarme en dos de ellas que me parecen muy interesantes desde un punto de vista general. La primera es que cuando uno compra una vivienda en una unidad de ejecución esta comprando también la parte correspondiente de zonas verdes, equipamientos y calles, incluido el terreno y todas las obras necesarias para dotarlas de servicios y mobiliario urbano. Todo absolutamente todo lo que se haga en dicha urbanización así como el papeleo necesario corre a cargo del comprador de la vivienda. Es una conclusión lógica si tiene en cuenta que todos los que intervienen, propietario del terreno, promotor, constructor, empresas suministradoras de servicios y ayuntamiento perciben un beneficio, en terreno, instalaciones y/o dinero y solamente pagan los compradores de los inmuebles. ¿Que pasa entonces si se construyen en las zonas verdes y de equipamientos más viviendas? Lo primero que pasa es que los vecinos se quedan sin zonas de esparcimiento y sin equipamientos públicos, aumenta la densidad de población con los problemas de masificación, falta de aparcamientos y otros muchos perjuicios. Lo segundo es que la vivienda cuesta lo mismo y por tanto estamos recibiendo menos por el mismo dinero. Lo tercero aumentan las ganancias de todos a costa del comprador. Lo cuarto es que el Ayuntamiento que lo alienta y lo permite en vez de hacer de garante de la legalidad y salvaguarda de los derechos de los compradores se pone al lado de los vendedores, es decir, en palabras sencillas, les quita a los pobres para dárselo a los ricos. La segunda cuestión y no menos importante es que si se quitan de una unidad de ejecución las zonas verdes y equipamientos públicos y se ponen en otra los propietarios de esta última saldrán perjudicados al tener que sumar a la cesión de terrenos que le corresponda la de los terrenos “desaparecidos” en la unidad anterior, cosa que evidentemente no van a consentir si no son compensados de alguna manera, con lo cual se encarece el suelo y acaban pagando los de siempre, los compradores de las viviendas. Podemos concluir, sin entrar en cuestiones de responsabilidad jurídica, que vender zonas verdes y de equipamientos, aparte de su legalidad o no, es una estafa al comprador que se ve perjudicado en su buena fe y si el asunto lo realizan, propician y alientan los responsables políticos encargados de velar por la legalidad estos pierden toda autoridad moral y política puesto que utilizan su cargo para beneficio de algunos en perjuicio de la mayoría, cuando su deber es el de arbitrar el proceso para garantizar los derechos de todos.

* Juan Ramirez es vicesecretario del partido Olivo Independientes en la Colonia de Fuente Palmera.

4 comentarios:

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